La Defensoría del Pueblo advirtió en las últimas horas que luego de 10 años de que la Corte Constitucional ordenara al Gobierno Nacional redoblar sus esfuerzos técnicos y financieros para aliviar la problemática de desplazamiento forzado, la situación sigue sin resolverse y se extiende a regiones como el Archipiélago de San Andrés.
Según el jefe de ese organismo Jorge Armando Otálora Gómez, el desplazamiento forzado persiste de manera sistemática a lo largo y ancho del país, tanto bajo la figura de desplazamientos individuales, así como los intraurbanos, ocurridos de manera recurrente especialmente en Medellín y Buenaventura, y aquellos de carácter masivo, que provocan el mayor impacto sobre las comunidades.
De hecho, subrayó, uno de los presuntos integrantes de las llamadas “bandas criminales” asesinado el miércoles en un corregimiento de Buenaventura, y quien según las autoridades fue identificado con el alias de “Tapia”, tenía antecedentes por desplazamiento forzado.
Según el defensor, de los 5.966.211 ciudadanos incluidos en el registro Nacional de Víctimas entre 1985 y 1 de diciembre de 2013, el 87 por ciento ha sido desplazado por el conflicto, esto es, 5.185.406, lo que significa que en promedio 21 colombianos sufren el desarraigo por cuenta de los grupos armados cada día.
Tras su visita a la isla de San Andrés, donde el fenómeno del desplazamiento está creciendo, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, advirtió que a pesar de las múltiples advertencias que ha formulado la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistemas de Alertas Tempranas (SAT), se siguen registrando eventos de desplazamiento por el accionar de los grupos armados ilegales que afectan a la población civil.
Otálora Gómez recordó que recientemente en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle se han registrado varios desplazamientos masivos por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados post-desmovilización de las autodefensas y guerrilleros que se disputan el control territorial para sus actividades ilícitas.
Para el Defensor resulta preocupante que después de que la Corte Constitucional le ordenara al Gobierno Nacional redoblar sus esfuerzos técnicos y financieros ante la grave situación de derechos humanos de la población desplazada, 10 años después no haya avances reveladores en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.
Incluso, la implementación de las políticas de prevención, protección y atención que se desprendieron de este marco legal no lograron los niveles de desarrollo administrativo y presupuestal que las hicieran eficaces, siendo un indicador de esto el que cada año, entre 1997 y 2003, fueran expulsadas de sus hogar esa causa del conflicto armado en promedio 385.414 personas.
Para avanzar en la superación de esta realidad, la Defensoría del Pueblo recomienda armonizar los desarrollos de la Ley 387 de 1997 (para la población desplazada) y la Sentencia T-025 de 2004 (y los autos de seguimiento) en materia de prevención, protección, retornos y estabilización socioeconómica y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
De manera particular, considera necesario adelantar un trabajo interinstitucional que asegure la atención humanitaria para la reparación integral y la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras.
Aportes de la Defensoría
Desde 2002, gracias al apoyo de la Embajada de Suecia, la Defensoría del Pueblo viene adelantando una estrategia de acompañamiento permanente a comunidades fuertemente afectadas por las distintas formas de violencia y en situación de desplazamiento con la creación de la figura del Defensor Comunitario, (actualmente 68) quienes como quijotes modernos llegan a las regiones más apartadas del país para contribuir a la prevención del desplazamiento y a fortalecer la presencia del Estado en zonas alejadas y aisladas geográficamente.
También el Defensor del Pueblo con apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha creado las Casas de Derechos (actualmente funcionan en Soacha, Cundinamarca y Bello, Antioquia) como una estrategia de acercamiento con la comunidad, que fortalezca la presencia del Estado en barrios y zonas marginales donde se han reasentado las víctimas de desplazamiento, y que a la vez brinde las herramientas que fortalezcan el ejercicio de los Derechos Humanos. Allí las víctimas pueden encontrar la atención necesaria para realizar su queja y recibir atención de la oferta institucional existente, además recibir orientación y asesoría.
